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Los que dicen los datos oficiales y los testimonios de ciudadanos en Wuhan sobre las muertes por COVID-19

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Trabajadores en Wuhan, China, laboran en acciones del distanciamiento social, ordenado por el gobierno chino. Foto: Tomada de Reuters.
Trabajadores en Wuhan, China, laboran en acciones del distanciamiento social, ordenado por el gobierno chino. Foto: Tomada de Reuters.

Por Radio Free Asia

WASHINGTON_(27 de marzo, 2020)___A medida que las autoridades levantaron el bloqueo de dos meses por coronavirus en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, los residentes dijeron que estaban cada vez más escépticos de que la cifra de unas 2.500 muertes en la ciudad hasta la fecha fuera exacta.

Desde el comienzo de la semana, siete grandes funerarias en Wuhan han entregado los restos cremados de unas 500 personas a sus familias todos los días, lo que sugiere que murieron muchas más personas que nunca, según las estadísticas oficiales.

“No puede ser correcto… porque los incineradores han estado trabajando todo el día, entonces, ¿cómo pueden morir tan pocas personas?”, le dijo el viernes a Radio Free Asia un residente de Wuhan de apellido Zhang.

“Comenzaron a distribuir cenizas y comenzaron ceremonias de enterramiento el lunes”, dijo.

Actualmente, siete funerarias sirven a Wuhan, una gran courbanización de tres ciudades: Hankou, Wuchang y Hanyang.

Los usuarios de las redes sociales han estado haciendo algunos cálculos básicos para calcular su capacidad diaria, mientras que el sitio web de noticias Caixin.com informó que un proveedor entregó 5.000 urnas a la funeraria Hankou en un solo día, el doble del número oficial de muertes .

Algunas publicaciones en redes sociales han estimado que las siete funerarias en Wuhan están entregando 3.500 urnas cada día en total.

Las funerarias informaron a las familias que intentarán completar las incineraciones antes del tradicional festival de Qing Ming el 5 de abril, lo que indicaría un proceso de 12 días que comenzará el 23 de marzo.

Tal estimación significaría que se entregarían 42.000 urnas durante ese tiempo.

Varios cálculos

Otra estimación popular se basa en la capacidad de cremación de las funerarias, que tienen un total de 84 hornos con una capacidad de más de 24 horas de 1.560 urnas en toda la ciudad, suponiendo que una cremación demore una hora.

Este cálculo da como resultado un estimado de 46.800 muertes.

Un residente de la provincia de Hubei, de la cual Wuhan es la capital, dijo que la mayoría de las personas allí creen que más de 40.000 personas murieron en la ciudad antes y durante el cierre.

“Tal vez las autoridades están lanzando gradualmente las cifras reales, intencionalmente o no, para que la gente llegue gradualmente a aceptar la realidad”, dijo el residente, que solo dio su apellido, Mao.

Una fuente cercana a la oficina provincial de asuntos civiles dijo que muchas personas habían muerto en sus hogares, sin haber sido diagnosticadas o tratadas por COVID-19.

La fuente dijo que cualquier conversación sobre el verdadero número de muertes en Wuhan fue muy delicada, pero que las autoridades probablemente conozcan la cifra real.

“Cada casa funeraria informa datos sobre cremaciones directamente a las autoridades dos veces al día”, dijo la fuente. “Esto significa que cada funeraria solo sabe cuántas cremaciones ha llevado a cabo, pero no la situación en las otras funerarias”.

La fuente dijo que Wuhan vio 28.000 cremaciones en el espacio de un solo mes, lo que sugiere que las estimaciones en línea durante un período de dos meses y medio no fueron excesivas.

El residente de Wuhan, Sun Linan, dijo que los familiares de los fallecidos ahora forman largas filas fuera de las funerarias para recoger las cenizas de sus seres queridos.

“Ya ha comenzado”, dijo Sun el jueves. “Hubo personas haciendo cola en el cementerio de Biandanshan ayer, y muchas personas formando líneas hoy en la funeraria Hankou”.

Dinero por su silencio

El residente de Wuhan Chen Yaohui dijo a RFA que los funcionarios de la ciudad han estado entregando 3.000 yuanes en “asignaciones funerarias” a las familias de los muertos a cambio de su silencio.

“Ha habido muchos funerales en los últimos días, y las autoridades están entregando 3.000 yuanes en silencio a las familias que obtienen los restos de sus seres queridos para que reciban las ceremonias antes que ‘Qing Ming’”, dijo, en referencia a El tradicional festival de las tumbas el 5 de abril.

“Es para evitar que estén ansiosos [una expresión tradicional de dolor]; a nadie se le permite querer después de que Qing Ming haya fallecido”, dijo Chen.

El hijo del paciente fallecido de COVID-19, Hu Aizhen, dijo que el comité local del vecindario le había dicho que recogiera las cenizas de su madre.

“El comité local me dijo que ahora están manejando los funerales, pero no quiero hacerlo ahora”, dijo a RFA el hombre, de apellido Ding,.

“Hay demasiadas personas haciéndolo ahora”.

Chen dijo que nadie en la ciudad cree en la cifra oficial de muertos.

“El número oficial de muertes fue de 2.500 personas… [Hasta el 27 de marzo. NE] pero antes de que comenzara la epidemia, los crematorios de la ciudad típicamente incineraban alrededor de 220 personas al día”, dijo.

“Pero durante la epidemia, transfirieron trabajadores de cremación de toda China a Wuhan para incinerar cuerpos las 24 horas”, dijo.

Un residente de apellido Gao dijo que los siete crematorios de la ciudad deberían tener una capacidad de alrededor de 2.000 cuerpos por día si trabajaban las 24 horas.

“Cualquiera que vea esa cifra se dará cuenta, cualquiera que tenga la capacidad de pensar”, dijo Gao. “¿De qué están hablando [2.535] personas?”.

“Siete crematorios podrían superar más que eso [en un solo día]”.

(Reportado por Qiao Long para el Servicio de mandarín de RFA, y por Lau Siu-fung para el cantonés)

Venezuela un año después: el desgobierno de dos presidentes y tres parlamentos

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Manifestación en Caracas, Venezuela. Foto tomada de Human Rights Wacht.

Cruzarlasalambradas continúa con textos críticos conetemporáneos… sin fronteras temáticas o culturales.

Por Susanne Gratius, investigadora sénior asociada, CIDOB

Un año después de la autoproclamación de Juan Guaidó como legítimo Presidente del país y con la vista puesta en las elecciones previstas para finales de 2020, el legislativo venezolano se ha convertido literalmente en el campo de batalla entre oposición y oficialismo. Mientras sigue el choque político, crece el desastre socio-económico. ¿Cómo terminará esta lucha por el poder en Venezuela y qué puede hacer la comunidad internacional?

Si la situación no fuera tan trágica y real, la telenovela política venezolana superaría la ficción. El último capítulo fue el golpe parlamentario del 5 de enero, cuando el madurismo nombró sin ningún tipo de legitimidad su propio Presidente de la Asamblea Nacional, ocupada por los suyos. En un acto paralelo fuera de la sede del parlamento, la mayoría de diputados opositores reeligió a Juan Guaidó para la presidencia de la cámara. Desde entonces, Venezuela es el único país del planeta con dos presidentes y tres parlamentos: una Asamblea Nacional que reeligió con una mayoría legítima de diputados a Guaidó, que desde hace un año dice ser también el legítimo Presidente del país, paradójicamente fusionando ambos poderes; una segunda Asamblea General minoritaria que apoya a Nicolás Maduro y que proclamó al diputado tránsfuga  Luis Parra, que militaba en el opositor Primero Justicia hasta que fue comprado por el madurismo para proclamarlo su presidente parlamentario; y la Asamblea Nacional Constituyente, creada en 2017 por el oficialismo y presidida por Diosdado Cabello, que ahora carece de sentido. Ninguno de los tres parlamentos cumple tareas legislativas en un país sumergido en el más absoluto caos institucional, político, social y económico. Tampoco funcionan los dos ejecutivos centrados exclusivamente en su lucha por el poder, que no deja tiempo para afrontar los inmensos problemas del país. Ni siquiera con dos “parlamentos”, el poder militar y los recursos que quedan, el Gobierno de Nicolás Maduro es capaz de imponerse ante una oposición carente de poder, pero que resiste y ha ganado en legitimidad tras el último acto de autoritarismo del régimen.

El golpe parlamentario del madurismo señala su incapacidad y debilidad a la hora de reprimir a la oposición. A pesar de elegir ilegítimamente el Presidente de la Asamblea Nacional, sin el necesario quórum de la mayoría absoluta, Maduro no pudo impedir que los diputados opositores que habían ganado las elecciones en diciembre de 2015 entraran días después en el parlamento enfrentándose a las fuerzas de seguridad para repetir el acto de reelección de Juan Guaidó en la cámara. El empate entre el poder militar del oficialismo y el poder democrático de Juan Guaidó no sólo paraliza sino deteriora la dramática situación del país. El golpe institucional del 5 de enero de 2020, y nuevamente el 15 de enero cuando secuaces de Maduro impidieron a los opositores entrar en la Asamblea Nacional, no es una excepción en América Latina. En Perú, esta práctica se inició en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori y se reprodujo en 2019 con el cierre temporal del Parlamento peruano. También en los meses pasados hemos visto el golpe de Estado en Bolivia. Tanto la forma como el resultado del golpe parlamentario en Venezuela reflejan la profunda crisis moral y de valores en un país donde los recursos sirven para comprar aliados políticos y enriquecerse a costa de la mayoría de la población que tiene un nivel de vida similar al de Haití. Tras veinte años de chavismo, casi siete de ellos sin el líder de una “Revolución Bolivariana” que destruyó el país, se ha gastado la opción de alzar la voz y cada vez más ciudadanos eligen la opción “salida” que, según Albert Hirschmann, son las dos posibilidades de actuación ante el autoritarismo. Se estiman que hasta cinco millones de ciudadanos se fueron de Venezuela.  ¿Qué cambia después del golpe parlamentario? Si el madurismo quería debilitar a la oposición consiguió lo contrario: Juan Guaidó salió fortalecido, a pesar del desgaste político que ha supuesto este año sin poder iniciar la prometida transición democrática y las acusaciones de corrupción contra algunos de sus leales. Guaidó ostentará la presidencia de la Asamblea un año más, siempre y cuando las elecciones legislativas se celebren a finales de 2020. La destrucción de las instituciones democráticas, la participación de los militares en el juego político y el posicionamiento a favor de uno u otro lado por parte de la comunidad internacional han conducido a una tragedia nacional. El madurismo ha dejado clara su prioridad: mantenerse en el poder por la vía dictatorial, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas que configuran, desde hace tiempo, el régimen. Fue ingenuo pensar que el estamento militar podría fragmentarse porque frente a las prebendas del poder tienen pocos o ningún incentivo para hacerlo. Y sin los militares no hay salida a la parálisis política: Nicolás Maduro tiene el poder, pero no la capacidad de gobernar, y Juan Guaidó tiene la legitimidad, pero no los recursos para imponerse.

 

El golpe parlamentario confirma la consolidación de una dictadura imperfecta o caótica que, gracias al co-gobierno con los militares, sigue al mando pero no consigue derrotar a una oposición que tras la última jugada sucia del oficialismo ganó apoyos. Incluso los gobiernos de izquierdas en Argentina y México criticaron la usurpación ilegítima del parlamento. México, que ostenta la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), intenta construir consensos entre los gobiernos de izquierda y derecha, cuyas posturas opuestas en la crisis venezolana debilitaron el foro. Al régimen de Maduro le quedan cada vez menos amigos y los que le reconocen no tienen legitimidad democrática: China, Cuba, Nicaragua y Rusia. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? La batalla por la Asamblea Nacional rompió el frágil puente que había construido Noruega como mediador entre ambos bloques con el apoyo del Grupo Internacional de Contacto (GIC) de la UE para encontrar una salida pacífica y negociada. A inicios de enero de 2020, la oposición rechazó una nueva oferta de Noruega de retomar la mesa de diálogo con el régimen de Maduro y anunció nuevas movilizaciones en la calle. Estados Unidos, el Grupo de Lima, 20 países de la OEA y la Unión Europea condenaron el golpe parlamentario y siguen apoyando a Juan Guaidó felicitándole por su reelección. Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, y el Parlamento Europeo le recibieron en enero de 2020 en Bruselas reafirmando su posición en la crisis. Días antes ya se había reunido con el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, después de que Washington ampliara la larga lista de sanciones incluyendo a otras siete personas del régimen, entre ellos a Luis Parra. Ninguna de estas medidas resolverá la crisis. Movilizar la calle debilitará aún más las instituciones. Las sanciones de EE.UU. y de la UE sólo sirven para que el régimen se atrinchere en el poder y haga uso del discurso de victimismo. En vez de construir agendas separadas, una acción multilateral concertada entre el Grupo de Lima, Noruega, la OEA, la UE y el Vaticano a favor de negociar una transición democrática podría ser eficaz para salir del laberinto político venezolano. Paralelamente deberían establecer canales de comunicación con el bloque que aún apoya a Maduro: Cuba, China y Rusia. La comunidad internacional no puede pasar página, porque sin ayuda del exterior no hay solución, y cuanto más tiempo pase, más desgobierno habrá en Venezuela.

*Este texto fue publicado originalmenten del Barcelona Center for International Affairs.

¿Cómo entender la crisis de los rohingya?

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Miles de rohingya se han visto obligados a abandonar Myanmar por la presecusión religiosa. Foto; Moisés Saman/MAGNUNM FOTO
Miles de rohingya se han visto obligados a abandonar Myanmar por la presecusión religiosa. Foto; Moisés Saman/MAGNUNM FOTO

Un extenso ‘explainer’ del ‘think thank’ Council on Foreign Relations aborda lo que sucede con este grupo étnico minoritario musulmán, bajo persecución del estado de Rakhine de Myanmar.

Por Eleanor Albert y Lindsay Maizland

Las políticas discriminatorias del gobierno de Myanmar desde finales de la década de 1970 han obligado a cientos de miles de rohingyas musulmanes a huir de sus hogares en el país predominantemente budista. La mayoría ha cruzado por tierra hacia Bangladesh, mientras que otros se han echado al mar para llegar a Indonesia, Malasia y Tailandia.

PUEDE CONSULTAR EL TEXTO ÍNTEGRO EN INGLÉS AQUÍ

A partir de 2017, la violencia renovada, incluida la violación, asesinato e incendio provocado, desencadenó un éxodo de rohingyas, ya que las fuerzas de seguridad de Myanmar afirmaron que estaban llevando a cabo una campaña para restablecer la estabilidad en la región occidental del país. Naciones Unidas ha dicho que esas fuerzas mostraron “intención genocida”, y la presión internacional sobre los líderes electos del país para poner fin a la represión sigue aumentando.

¿Quiénes son los rohingya?

Los rohingya son una minoría étnica musulmana que practica una variante de inflexión sufí del islam sunita. Se estima que hay 3,5 millones de rohingyas dispersos en todo el mundo. Antes de agosto de 2017, la mayoría del millón estimado de rohingyas en Myanmar residía en el estado de Rakhine, donde representaban casi un tercio de la población. Se diferencian de los grupos budistas dominantes de Myanmar étnica, lingüística y religiosamente.

Los rohingya remontan sus orígenes en la región al siglo XV, cuando miles de musulmanes llegaron al antiguo Reino de Arakan. Muchos otros llegaron durante el siglo XIX y principios del XX, cuando Rakhine fue gobernada por el gobierno colonial como parte de la India británica. Desde la independencia en 1948, los sucesivos gobiernos de Birmania, rebautizados como Myanmar en 1989, han refutado las afirmaciones históricas de los rohingya y han negado el reconocimiento del grupo como uno de los 135 grupos étnicos oficiales del país. Los rohingya son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh, a pesar de que muchos tienen sus raíces en Myanmar hace siglos.

Ni el gobierno central ni el grupo budista étnico dominante de Rakhine, conocido como Rakhine, reconocen la etiqueta “Rohingya”, un término autoidentificativo que surgió en la década de 1950, que según los expertos proporciona al grupo una identidad política colectiva. Aunque la raíz etimológica de la palabra está en disputa, la teoría más ampliamente aceptada es que Rohang deriva de la palabra “Arakan” en el dialecto rohingya y ‘ga’ o ‘gya’ significa “de”. Al identificarse como Rohingya, el grupo étnico musulmán afirma sus lazos enfatizar en que alguna vez estuvo bajo el control del Reino Arakan, según Chris Lewa, director del Proyecto Arakan, un grupo de defensa con sede en Tailandia.

¿Cuál es el estado legal de los rohingya?

El gobierno se niega a otorgar la ciudadanía rohingya y, como resultado, la mayoría de los miembros del grupo no tienen documentación legal, lo que los hace apátridas. La ley de ciudadanía de Myanmar de 1948 ya era excluyente, y la junta militar, que tomó el poder en 1962, introdujo otra ley veinte años después que despojó a los rohingya del acceso a la ciudadanía plena. Hasta hace poco, los rohingya habían podido registrarse como residentes temporales con tarjetas de identificación, conocidas como ‘tarjetas blancas’, que la junta comenzó a emitir a muchos musulmanes, tanto rohingya como no rohingya, en la década de 1990. Las tarjetas blancas conferían derechos limitados pero no fueron reconocidas como prueba de ciudadanía.

En 2014, el gobierno celebró un censo nacional respaldado por la ONU, el primero en treinta años. Al grupo minoritario musulmán se le permitió inicialmente identificarse como rohingya, pero después de que los nacionalistas budistas amenazaron con boicotear el censo, el gobierno decidió que los rohingya solo podrían registrarse si se identificaban como bengalíes.

Del mismo modo, bajo la presión de los nacionalistas budistas que protestaban por el derecho a votar de los rohingya en un referéndum constitucional de 2015, el presidente Thein Sein canceló las tarjetas de identidad temporales en febrero de 2015, revocando efectivamente su recién ganado derecho a votar. (Se permitió a los titulares de tarjetas blancas votar en el referéndum constitucional de Myanmar de 2008 y las elecciones generales de 2010). En las elecciones de 2015, que fueron ampliamente aclamadas por los observadores internacionales como libres y justas, ningún candidato parlamentario era de fe musulmana.

En los últimos años, el gobierno ha obligado a los rohingya a comenzar a llevar tarjetas de verificación nacionales que los identifiquen efectivamente como extranjeros y no les otorguen la ciudadanía, según un informe del grupo de defensa Fortify Rights. Los funcionarios de Myanmar han dicho que las tarjetas son un paso inicial hacia la ciudadanía, pero los críticos argumentan que niegan su identidad a los rohingya y podrían facilitar que el gobierno reprima aún más sus derechos.

¿Por qué huyen los rohingya de Myanmar?

El gobierno de Myanmar ha institucionalizado efectivamente la discriminación contra el grupo étnico a través de restricciones al matrimonio, la planificación familiar, el empleo, la educación, la elección religiosa y la libertad de movimiento. Por ejemplo, a las parejas rohingya en las ciudades del norte de Maungdaw y Buthidaung solo se les permite tener dos hijos. Los rohingya también deben pedir permiso para casarse, lo que puede obligarlos a sobornar a las autoridades y proporcionar fotografías de la novia sin pañuelo y del novio con la cara afeitada, prácticas que entran en conflicto con las costumbres musulmanas. Para mudarse a una nueva casa o viajar fuera de sus municipios, los rohingya deben obtener la aprobación del gobierno.

Además, el estado de Rakhine es el estado menos desarrollado de Myanmar, con una tasa de pobreza del 78 por ciento, en comparación con el promedio nacional del 37,5 por ciento, según las estimaciones del Banco Mundial. La pobreza generalizada, la infraestructura deficiente y la falta de oportunidades de empleo en Rakhine han exacerbado la división entre budistas y rohingya musulmanes. Esta tensión se profundiza por las diferencias religiosas que a veces han resultado en conflictos.

¿Qué ha causado el éxodo reciente?

Los enfrentamientos en Rakhine estallaron en agosto de 2017, después de que un grupo militante conocido como el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA) se atribuyó la responsabilidad de los ataques contra la policía y los puestos del ejército. El gobierno declaró a ARSA una organización terrorista y los militares organizaron una brutal campaña que destruyó cientos de aldeas rohingya y obligó a casi setecientos mil rohingya a abandonar Myanmar. Al menos 6.700 rohingya fueron asesinados en el primer mes de ataques, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2017, según la organización benéfica médica internacional Médicos Sin Fronteras. Las fuerzas de seguridad de Myanmar también abrieron fuego contra civiles que huían y plantaron minas terrestres cerca de los cruces fronterizos utilizados por los rohingya para huir a Bangladesh.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió la violencia como una limpieza étnica y la situación humanitaria como catastrófica. Grupos de derechos humanos y otros líderes de la ONU sospechan que se han producido actos de genocidio, y en septiembre de 2018, un panel de investigación de la ONU publicó un informe que afirmaba que el gobierno de Myanmar tenía una “intención genocida” contra los rohingya. El presidente del panel de la ONU dijo que encontró patrones claros de abuso por parte de los militares, incluyendo ataques sistemáticos contra civiles, cometer violencia sexual, promover retórica discriminatoria contra las minorías y crear un clima de impunidad para las fuerzas de seguridad.

Desde principios de 2018, las autoridades de Myanmar también han limpiado aldeas abandonadas rohingya y tierras de cultivo para construir viviendas, bases de seguridad e infraestructura. El gobierno dice que este desarrollo está en preparación para la repatriación de refugiados, pero los activistas de derechos humanos han expresado su preocupación de que estos movimientos podrían tener como objetivo dar cabida a las poblaciones además de los rohingya en Rakhine.

Además, algunos han planteado dudas de que las tácticas del gobierno hayan sido en respuesta a los ataques de ARSA, con informes que muestran que los militares comenzaron a implementar sus políticas casi un año antes de que ARSA atacara. La violencia sectaria no es nueva para el estado de Rakhine: las campañas de seguridad en los últimos cinco años, especialmente en 2012 y 2016, también resultaron en la fuga de decenas de miles de rohingyas de sus hogares.

¿Dónde están migrando los rohingya?

Bangladesh: La mayoría de los rohingya han buscado refugio en la vecina Bangladesh, que cuenta con recursos y tierras limitados para acoger refugiados. Más de novecientos mil refugiados rohingya se encuentran en el país, según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Muchos viven en campamentos llenos de gente en el distrito Cox’s Bazar, que ahora alberga el campo de refugiados más grande del mundo. Casi cuatrocientos mil niños en los campamentos carecen de acceso a la educación, ya que a los maestros se les prohíbe usar los planes de estudio de Bangladesh y Myanmar en los campamentos, y los niños rohingya tienen prohibido inscribirse en escuelas fuera de los campamentos. Al mismo tiempo, el riesgo de brotes de enfermedades en los campamentos es alto, y las organizaciones de salud advierten sobre posibles brotes de sarampión, tétanos, difteria y síndrome de ictericia aguda. Más del 60 por ciento del suministro de agua disponible en los campamentos de refugiados está contaminado, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles y transmitidas por el agua. Algunos refugiados recurrieron a los contrabandistas, pagaron el transporte fuera de Bangladesh y Myanmar y se arriesgaron a la explotación, incluida la esclavitud sexual.

Malasia: Hasta octubre de 2019, casi cien mil rohingya estaban en Malasia, según Naciones Unidas. Los rohingya que llegan con seguridad a Malasia no tienen estatus legal y no pueden trabajar, lo que deja a sus familias sin acceso a la educación y la atención médica.

India: Dieciocho mil refugiados rohingya se han registrado en la agencia de la ONU para los refugiados, aunque las autoridades indias estiman que hay cuarenta mil rohingya en todo el país. El gobierno nacionalista hindú considera que los rohingya son inmigrantes ilegales y ha trabajado para repatriarlos. Desde finales de 2018, según los informes, India ha enviado a docenas de refugiados a Myanmar, medidas criticadas por Naciones Unidas y grupos de derechos humanos.

Tailandia: El país es un centro para el tráfico de personas a nivel regional y sirve como un punto de tránsito común para los rohingya. Los migrantes a menudo llegan en barco desde Bangladesh o Myanmar antes de continuar a Indonesia o Malasia. El gobierno tailandés liderado por los militares tomó medidas enérgicas contra los anillos de contrabando después del descubrimiento de fosas comunes en presuntos campamentos donde las pandillas tenían rehenes. Pero algunos expertos dicen que si bien castigar a los traficantes interrumpe las redes, no los desmantela.

Indonesia: Los rohingya también han buscado refugio en Indonesia, aunque el número de refugiados de Myanmar sigue siendo relativamente pequeño porque son tratados como inmigrantes ilegales. Indonesia rescató botes de migrantes de sus costas y envió ayuda humanitaria y suministros a los campamentos de Bangladesh.

¿Ha cambiado el liderazgo civil las políticas del gobierno de Myanmar?

En 2016, el primer gobierno democráticamente elegido de Myanmar llegó al poder, pero los críticos dicen que no ha hecho nada para ayudar a Rohingya y otros musulmanes por temor a alienar a los nacionalistas budistas y amenazar el acuerdo de poder compartido que el gobierno civil mantiene con el ejército.

Aung San Suu Kyi, líder de facto de Myanmar, ha negado que se esté realizando una limpieza étnica y desestimó las críticas internacionales sobre su manejo de la crisis, acusando a los críticos de alimentar el resentimiento entre budistas y musulmanes en el país. En septiembre de 2017, Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dijo que su gobierno “ya había comenzado a defender a todas las personas en Rakhine de la mejor manera posible”. Más tarde ese año, el gobierno de Myanmar negó el acceso al relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar y suspendió la cooperación por el resto de su mandato. En la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2019, Suu Kyi continuó rechazando los cargos de genocidio y dijo que “si los miembros de los servicios de defensa de Myanmar han cometido crímenes de guerra, serán procesados ​​a través de nuestro sistema de justicia militar”.

El panel de investigación de la ONU informó en septiembre de 2019 que la situación en Myanmar no ha mejorado y que el riesgo de genocidio continúa para los seiscientos mil rohingyas que aún se encuentran en Rakhine. El panel había recomendado un año antes que los líderes del ejército de Myanmar fueran remitidos a la Corte Penal Internacional (CPI) para ser procesados ​​por genocidio.

¿Cómo está respondiendo la región?

Los manifestantes a veces se han reunido en ciudades de Pakistán, India, Tailandia, Indonesia y Bangladesh para denunciar el asesinato y la persecución de los rohingya. El ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh condenó la violencia en Rakhine como “genocidio” en septiembre de 2017, e Indonesia y Malasia pidieron a las autoridades de Myanmar que detuvieran su campaña y pusieran fin a la violencia.

Las autoridades de Bangladesh y Myanmar han mantenido conversaciones para repatriar a los refugiados rohingya, pero los esfuerzos hasta ahora han fracasado. A fines de 2019, los países acordaron repatriar a varios miles de refugiados, pero ninguno en el grupo designado estaba dispuesto a regresar a Myanmar. Los líderes de la comunidad rohingya dijeron que no regresarán hasta que se garanticen sus derechos de ciudadanía. Mientras tanto, Naciones Unidas criticó los planes de repatriación y dijeron que las condiciones en Myanmar aún no son seguras para los rohingya. “Tan sombría como es la situación para los refugiados rohingya en Bangladesh. . . sus perspectivas en Myanmar son aún peores”, escribe Joshua Kurlantzick de CFR. Los expertos dicen que el gobierno de Bangladesh debe decidir si continúa su lucha para proporcionar refugio a tantos migrantes o para expulsarlos y provocar la ira de los gobiernos occidentales y las organizaciones de ayuda.

Otros gobiernos en el sudeste asiático generalmente carecen de marcos legales establecidos para proteger los derechos de los refugiados, y los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no han coordinado una respuesta a la crisis cada vez más profunda. Indonesia, Malasia, Myanmar y Tailandia, todos miembros de la ASEAN, aún no han ratificado la convención de refugiados de la ONU o su protocolo. La propia ASEAN ha guardado silencio sobre la difícil situación de los rohingya y sobre el creciente número de solicitantes de asilo en los países miembros, en gran parte debido al compromiso de sus miembros con el principio de no interferencia en los asuntos internos de los demás. “No van a tomar medidas colectivas en Myanmar, con Myanmar como uno de sus miembros”, dice Kurlantzick.

¿Cómo ha respondido el resto del mundo?

En noviembre de 2019, Gambia, en nombre de la Organización de Cooperación Islámica de cincuenta y siete naciones, presentó la primera demanda internacional contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia, acusando al país de violar la Convención de Genocidio de la ONU. El tribunal dictaminó por unanimidad en enero de 2020 que Myanmar debe tomar medidas de emergencia para proteger a los rohingya de la violencia y preservar la evidencia de un posible genocidio. Una decisión final en el caso podría llevar años. Por separado, la CPI autorizó una investigación sobre presuntas atrocidades en noviembre de 2019.

La misión de investigación de la ONU recomendó que el Consejo de Seguridad imponga un embargo de armas y otras sanciones a Myanmar y altos funcionarios militares. Pero algunos miembros del Consejo de Seguridad, incluidos Rusia y China, se han resistido a aumentar la presión sobre el gobierno de Myanmar porque dicen que está tratando de restaurar la estabilidad. Además, un informe encargado por el Secretario General Guterres documentó “falla sistémica” [PDF] por agencias de la ONU en 2010-2018 para frenar la violencia en Myanmar.

En diciembre de 2016, el presidente de EE.UU., Barack Obama, levantó las sanciones contra Myanmar y dijo que había avanzado en la mejora de los derechos humanos. La medida se produjo en medio de una ofensiva contra los rohingya y fue criticada por algunos como prematura. Un año después, bajo el presidente Donald J. Trump, se impusieron nuevas sanciones a un general de Myanmar por su presunto papel en los ataques militares en Rakhine. La administración Trump continuó ampliando su régimen de sanciones contra los comandantes militares de Myanmar en 2018 y 2019, a medida que crecieron las atrocidades cometidas por los militares. Australia, Canadá y la Unión Europea también han impuesto sanciones a los líderes militares.

Mientras tanto, muchos países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Noruega y Corea del Sur, así como donantes internacionales, han aumentado su asistencia humanitaria. Grupos de defensa como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Proyecto Arakan y Fortify Rights continúan apelando por la presión internacional sobre el gobierno de Myanmar. Por ejemplo, en noviembre de 2018, Amnistía Internacional despojó a Suu Kyi del Premio Embajador de Conciencia que le había conferido durante su arresto domiciliario de quince años.

Aún así, el resentimiento hacia el grupo minoritario ha sido profundo durante generaciones. Sin revisar “una cultura de prejuicio generalizado” y garantizar que los rohingya sean tratados como seres humanos, es poco probable que la situación en el estado de Rakhine mejore, dice el periodista y escritor Francis Wade.

Trad. y redacc. Luis F. Rojas. Andrew Chatzky contribuyó a este informe.

Algunas carnes que comí en Cuba

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Majá cubano

Me animé por algunos amigos a hacer mi lista de carnes -prohibidas o no- que comí en mis 42 años en Cuba. Aquí relaciono también otras que quizás no les sean tan apetitosas, ahí van:

Jutía, ovejo (la cabeza y los testículos), majá de Santa María, paloma,  tojosa, garza (blanca y gris), ancas de rana toro (y más arriba de las ancas), bijirita, pichilinga, gorriones, anguilas de río, camarón de río (les dicen viejitas), biajacas, claria (los filetes son exquisitos), tenca (el pez más apestoso que pueda existir), cangrejos (moros y de todas las variedades que pasaran por frente al camino a la playa donde viví un tiempo), curiel (un roedor conocido como cuy, cobaya, conejillo de Indias y otros), del puerco (las tripas tejidas y luego hervidas; la sangre coagulada en morcillas, los riñones, la lengua y hasta el grito), de la vaca… todo, y cuando digo todo mis amigos saben qué cosa tan horripilante de la vaca me comí asado una noche), pez gato (parecido a la claria, pero más amarguito), búfalo y sus derivados (en San Germán hacen un queso para morirse). Luego están todos los derivados de la “carne” que venden por la libreta de racionamiento).

DDC: Lo que sabe el cubano sobre el secuestro de los médicos en Kenia

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Publicado originalmente en Diario de Cuba