Juicios exprés a disidentes en Cuba, incluida una embarazada

Un recluso permanece en la puerta de su celda, en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Foto Archivo EFE

Un recluso permanece en la puerta de su celda, en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Foto Archivo EFE

Son dos hombres y una mujer. Quieren callarles la boca con reclusión penitenciaria o a domicilio. No contaron con abogados imparciales, ni de oficio. Les avisaron pocas horas antes de encerrarlos en un juzgado municipal y en entrevistas para Martí Noticias develaron las irregularidades que están ocurriendo ahora mismo en el sistema jurídico cubano.

En el apartado municipio “Julio Antonio Mella”, antiguo Central Miranda en Santiago de Cuba, vive la activista Ariadna Álvarez Rensoler, el día 6 de octubre se manifestó por el maltrato a una familiar suya que estaba en huelga de hambre. Protestó contra las autoridades, gritó consignas contra el régimen castrista y ahora le quieren escarmentar.

Álvarez, de 27 años, promueve los derechos humanos, milita en la proscrita Alianza Democrática Oriental (ADO) y el pasado jueves recibió una sanción de seis meses de privación de libertad (reclusión domiciliaria) por el supuesto delito de “Desacato a la autoridad”, a pesar de tener 4 meses de embarazo.

“Me llevaron en el día de hoy para ser procesada. Todo fue tan rápido que no se me dio derecho a poner abogado, (…) el juicio se hizo a las 11:00 de la mañana porque según ellos no estaba la Presidenta (del Tribunal) pues el municipio no cuenta con un presidente”, indicó Álvarez.

La activista dice que las autoridades insistieron en celebrar el juicio, a pesar de que les planteó que ese era su día en la consulta de obstetricia, a la que final mente no pudo asistir.

Un alguacil del tribunal municipal en “Mella” le avisó en la tarde del jueves, lo que le impidió contratar un abogado, según dijo al programa Contacto Cuba, de Radio Martí, conducido por el autor de este artículo.

A Ariadna Álvarez Rensoler la presentaron junto a un agente de la seguridad del estado bajo identidad de “Triana”.

“Alegó que yo le había faltado el respeto, mencionaba palabras obscenas hacia su madre que nunca dije. Simplemente me manifesté políticamente por las cosas que yo pienso de este gobierno”, explicó.

Un grupo de opositores pacíficos del municipio San Luis, en la misma provincia, fueron detenidos el jueves en la mañana cuando pretendían asistir al juicio contra Álvarez Rensoler.

Ellos son Roberto González Feria, coordinador de la ADO en la provincia, Luis Ramírez Suárez, Yandi Núñez naranjo, José Antonio Fonseca Ordóñez, Omar Peña, Eugenio Labrada, Gabriel Torres Velázquez, Roberto Perdomo Fuentes, Roilán Álvarez Rensoler, Amaury Hierrezuelo y Boris Ramírez Leyva.

Dos bolsas de papa: Dos años de cárcel

 

Yordanis Ojeda Rosabal, condenado a 2 años de privación de libertad. Activista de UNPACU.

Yordanis Ojeda Rosabal, condenado a 2 años de privación de libertad. Activista de UNPACU.

Yordanis Ojeda Rosabal vive en El Dagame, municipio Alquízar, provincia Artemisa. Tiene una licencia para vender productos agrícolas por cuentapropia, pero es miembro activo de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), algo que le trajo roces con las autoridades.

En el mes de septiembre estaba vendiendo sus productos en La Habana y los inspectores le prohibieron vender porque “estaba fuera de jurisdicción”. Lo llevaron a una unidad policial, le confiscaron dos jabas de papas y le impusieron una multa.

Debido a la medida Ojeda Rosabal protestó con consignas contra el gobierno y ha sido acusado y sancionado por el delito de “Desacato a la autoridad”.

El pasado 18 de octubre una patrulla policial lo sacó de su casa y lo llevaron directo al tribunal de la localidad. “No se me dio ninguna citación, no se me dijo qué día sería el juicio. De los oficiales que me acusaban del supuesto desacato, no había ninguno: uno ya no trabaja como policía y el oficial Javier Reboso Pérez, el de la Seguridad del Estado que nos reprime acá, dice que de los policías que él llevó de la Brigada especial no se recuerda quiénes eran”, relató el opositor al programa Cuba Al Día, de Radio Martí y bajo la conducción de Tomás Cardoso.

Ojeda relató un pasaje que le hace pensar que todo estaba orquestado de antemano: En un receso para a deliberación, el abogado defensor y los jueces conversaban en tono de total complicidad. El activista escuchó decir al abogado defensor que había indicado a uno de los testigos que dijera algo que en el juicio no llegó a decir. “Cuando me vieron se sorprendieron, y yo caigo en cuenta que esto no es más que una trampa, un circo, algo inventado por ellos ahí”, recalcó.

De la iglesia a una celda policial

 

Carlos M. Pupo Rodríguez, activista de derechos humanos condenado a varios meses de reclusión domiciliaria.

Carlos M. Pupo Rodríguez, activista de derechos humanos condenado a varios meses de reclusión domiciliaria.

Carlos Manuel Pupo Rodríguez es gestor del Proyecto Emilia, que dirige el Dr. Oscar Elías Biscet. Pupo fue el 1ro de octubre a la misa que se celebró en el municipio de Bejucal en honor a las víctimas de esa localidad que desaparecieron en el mar, en su intento por llegar a los Estados Unidos.

Pupo fue detenido junto a los activistas Eduardo Quintana Suárez y Yuslier Lazo. A él lo incomunicaron por nueve días en la Unidad de Instrucción Policial de San José de las Lajas, donde llevó una huelga de hambre durante veinte días.

El jueves de esta semana lo han condenado a 10 meses de reclusión domiciliaria, cambiada por una petición inicial de trabajo correccional con internamiento.

Tiene 64 años de edad y difícilmente hubiera podido cumplir las obligaciones de un centro de trabajo forzado.

“Esto ha sido una gran farsa que se ha montado –yo diría que contra mí- contra toda la oposición y principalmente contra los gestores del Proyecto Emilia”, señaló Pupo al programa Cuba al Día, de Radio Martí.

Tanto Pupo como Eduardo Quintana dijeron que las autoridades se hicieron ver y llevaron una cantidad exagerada de oficiales de Tropas especiales, conocidos como “Boinas negras”, quienes se apostaron con sus camiones en los alrededores del tribunal e impidieron la asistencia de unos quince opositores pacíficos que querían presenciar el juicio.

La Seguridad del Estado llevó trabajadores de la construcción y policías vestidos de civil, para aparentar una notable asistencia de público al tribunal de San José de las Lajas.

Este artículo fue publicado originalmente en el sitio Martí Noticias el viernes 21 de octubre de 2016.

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