Periodismo

¿Cómo entender la crisis de los rohingya?

Posted on

Miles de rohingya se han visto obligados a abandonar Myanmar por la presecusión religiosa. Foto; Moisés Saman/MAGNUNM FOTO
Miles de rohingya se han visto obligados a abandonar Myanmar por la presecusión religiosa. Foto; Moisés Saman/MAGNUNM FOTO

Un extenso ‘explainer’ del ‘think thank’ Council on Foreign Relations aborda lo que sucede con este grupo étnico minoritario musulmán, bajo persecución del estado de Rakhine de Myanmar.

Por Eleanor Albert y Lindsay Maizland

Las políticas discriminatorias del gobierno de Myanmar desde finales de la década de 1970 han obligado a cientos de miles de rohingyas musulmanes a huir de sus hogares en el país predominantemente budista. La mayoría ha cruzado por tierra hacia Bangladesh, mientras que otros se han echado al mar para llegar a Indonesia, Malasia y Tailandia.

PUEDE CONSULTAR EL TEXTO ÍNTEGRO EN INGLÉS AQUÍ

A partir de 2017, la violencia renovada, incluida la violación, asesinato e incendio provocado, desencadenó un éxodo de rohingyas, ya que las fuerzas de seguridad de Myanmar afirmaron que estaban llevando a cabo una campaña para restablecer la estabilidad en la región occidental del país. Naciones Unidas ha dicho que esas fuerzas mostraron “intención genocida”, y la presión internacional sobre los líderes electos del país para poner fin a la represión sigue aumentando.

¿Quiénes son los rohingya?

Los rohingya son una minoría étnica musulmana que practica una variante de inflexión sufí del islam sunita. Se estima que hay 3,5 millones de rohingyas dispersos en todo el mundo. Antes de agosto de 2017, la mayoría del millón estimado de rohingyas en Myanmar residía en el estado de Rakhine, donde representaban casi un tercio de la población. Se diferencian de los grupos budistas dominantes de Myanmar étnica, lingüística y religiosamente.

Los rohingya remontan sus orígenes en la región al siglo XV, cuando miles de musulmanes llegaron al antiguo Reino de Arakan. Muchos otros llegaron durante el siglo XIX y principios del XX, cuando Rakhine fue gobernada por el gobierno colonial como parte de la India británica. Desde la independencia en 1948, los sucesivos gobiernos de Birmania, rebautizados como Myanmar en 1989, han refutado las afirmaciones históricas de los rohingya y han negado el reconocimiento del grupo como uno de los 135 grupos étnicos oficiales del país. Los rohingya son considerados inmigrantes ilegales de Bangladesh, a pesar de que muchos tienen sus raíces en Myanmar hace siglos.

Ni el gobierno central ni el grupo budista étnico dominante de Rakhine, conocido como Rakhine, reconocen la etiqueta “Rohingya”, un término autoidentificativo que surgió en la década de 1950, que según los expertos proporciona al grupo una identidad política colectiva. Aunque la raíz etimológica de la palabra está en disputa, la teoría más ampliamente aceptada es que Rohang deriva de la palabra “Arakan” en el dialecto rohingya y ‘ga’ o ‘gya’ significa “de”. Al identificarse como Rohingya, el grupo étnico musulmán afirma sus lazos enfatizar en que alguna vez estuvo bajo el control del Reino Arakan, según Chris Lewa, director del Proyecto Arakan, un grupo de defensa con sede en Tailandia.

¿Cuál es el estado legal de los rohingya?

El gobierno se niega a otorgar la ciudadanía rohingya y, como resultado, la mayoría de los miembros del grupo no tienen documentación legal, lo que los hace apátridas. La ley de ciudadanía de Myanmar de 1948 ya era excluyente, y la junta militar, que tomó el poder en 1962, introdujo otra ley veinte años después que despojó a los rohingya del acceso a la ciudadanía plena. Hasta hace poco, los rohingya habían podido registrarse como residentes temporales con tarjetas de identificación, conocidas como ‘tarjetas blancas’, que la junta comenzó a emitir a muchos musulmanes, tanto rohingya como no rohingya, en la década de 1990. Las tarjetas blancas conferían derechos limitados pero no fueron reconocidas como prueba de ciudadanía.

En 2014, el gobierno celebró un censo nacional respaldado por la ONU, el primero en treinta años. Al grupo minoritario musulmán se le permitió inicialmente identificarse como rohingya, pero después de que los nacionalistas budistas amenazaron con boicotear el censo, el gobierno decidió que los rohingya solo podrían registrarse si se identificaban como bengalíes.

Del mismo modo, bajo la presión de los nacionalistas budistas que protestaban por el derecho a votar de los rohingya en un referéndum constitucional de 2015, el presidente Thein Sein canceló las tarjetas de identidad temporales en febrero de 2015, revocando efectivamente su recién ganado derecho a votar. (Se permitió a los titulares de tarjetas blancas votar en el referéndum constitucional de Myanmar de 2008 y las elecciones generales de 2010). En las elecciones de 2015, que fueron ampliamente aclamadas por los observadores internacionales como libres y justas, ningún candidato parlamentario era de fe musulmana.

En los últimos años, el gobierno ha obligado a los rohingya a comenzar a llevar tarjetas de verificación nacionales que los identifiquen efectivamente como extranjeros y no les otorguen la ciudadanía, según un informe del grupo de defensa Fortify Rights. Los funcionarios de Myanmar han dicho que las tarjetas son un paso inicial hacia la ciudadanía, pero los críticos argumentan que niegan su identidad a los rohingya y podrían facilitar que el gobierno reprima aún más sus derechos.

¿Por qué huyen los rohingya de Myanmar?

El gobierno de Myanmar ha institucionalizado efectivamente la discriminación contra el grupo étnico a través de restricciones al matrimonio, la planificación familiar, el empleo, la educación, la elección religiosa y la libertad de movimiento. Por ejemplo, a las parejas rohingya en las ciudades del norte de Maungdaw y Buthidaung solo se les permite tener dos hijos. Los rohingya también deben pedir permiso para casarse, lo que puede obligarlos a sobornar a las autoridades y proporcionar fotografías de la novia sin pañuelo y del novio con la cara afeitada, prácticas que entran en conflicto con las costumbres musulmanas. Para mudarse a una nueva casa o viajar fuera de sus municipios, los rohingya deben obtener la aprobación del gobierno.

Además, el estado de Rakhine es el estado menos desarrollado de Myanmar, con una tasa de pobreza del 78 por ciento, en comparación con el promedio nacional del 37,5 por ciento, según las estimaciones del Banco Mundial. La pobreza generalizada, la infraestructura deficiente y la falta de oportunidades de empleo en Rakhine han exacerbado la división entre budistas y rohingya musulmanes. Esta tensión se profundiza por las diferencias religiosas que a veces han resultado en conflictos.

¿Qué ha causado el éxodo reciente?

Los enfrentamientos en Rakhine estallaron en agosto de 2017, después de que un grupo militante conocido como el Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA) se atribuyó la responsabilidad de los ataques contra la policía y los puestos del ejército. El gobierno declaró a ARSA una organización terrorista y los militares organizaron una brutal campaña que destruyó cientos de aldeas rohingya y obligó a casi setecientos mil rohingya a abandonar Myanmar. Al menos 6.700 rohingya fueron asesinados en el primer mes de ataques, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre de 2017, según la organización benéfica médica internacional Médicos Sin Fronteras. Las fuerzas de seguridad de Myanmar también abrieron fuego contra civiles que huían y plantaron minas terrestres cerca de los cruces fronterizos utilizados por los rohingya para huir a Bangladesh.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió la violencia como una limpieza étnica y la situación humanitaria como catastrófica. Grupos de derechos humanos y otros líderes de la ONU sospechan que se han producido actos de genocidio, y en septiembre de 2018, un panel de investigación de la ONU publicó un informe que afirmaba que el gobierno de Myanmar tenía una “intención genocida” contra los rohingya. El presidente del panel de la ONU dijo que encontró patrones claros de abuso por parte de los militares, incluyendo ataques sistemáticos contra civiles, cometer violencia sexual, promover retórica discriminatoria contra las minorías y crear un clima de impunidad para las fuerzas de seguridad.

Desde principios de 2018, las autoridades de Myanmar también han limpiado aldeas abandonadas rohingya y tierras de cultivo para construir viviendas, bases de seguridad e infraestructura. El gobierno dice que este desarrollo está en preparación para la repatriación de refugiados, pero los activistas de derechos humanos han expresado su preocupación de que estos movimientos podrían tener como objetivo dar cabida a las poblaciones además de los rohingya en Rakhine.

Además, algunos han planteado dudas de que las tácticas del gobierno hayan sido en respuesta a los ataques de ARSA, con informes que muestran que los militares comenzaron a implementar sus políticas casi un año antes de que ARSA atacara. La violencia sectaria no es nueva para el estado de Rakhine: las campañas de seguridad en los últimos cinco años, especialmente en 2012 y 2016, también resultaron en la fuga de decenas de miles de rohingyas de sus hogares.

¿Dónde están migrando los rohingya?

Bangladesh: La mayoría de los rohingya han buscado refugio en la vecina Bangladesh, que cuenta con recursos y tierras limitados para acoger refugiados. Más de novecientos mil refugiados rohingya se encuentran en el país, según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Muchos viven en campamentos llenos de gente en el distrito Cox’s Bazar, que ahora alberga el campo de refugiados más grande del mundo. Casi cuatrocientos mil niños en los campamentos carecen de acceso a la educación, ya que a los maestros se les prohíbe usar los planes de estudio de Bangladesh y Myanmar en los campamentos, y los niños rohingya tienen prohibido inscribirse en escuelas fuera de los campamentos. Al mismo tiempo, el riesgo de brotes de enfermedades en los campamentos es alto, y las organizaciones de salud advierten sobre posibles brotes de sarampión, tétanos, difteria y síndrome de ictericia aguda. Más del 60 por ciento del suministro de agua disponible en los campamentos de refugiados está contaminado, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles y transmitidas por el agua. Algunos refugiados recurrieron a los contrabandistas, pagaron el transporte fuera de Bangladesh y Myanmar y se arriesgaron a la explotación, incluida la esclavitud sexual.

Malasia: Hasta octubre de 2019, casi cien mil rohingya estaban en Malasia, según Naciones Unidas. Los rohingya que llegan con seguridad a Malasia no tienen estatus legal y no pueden trabajar, lo que deja a sus familias sin acceso a la educación y la atención médica.

India: Dieciocho mil refugiados rohingya se han registrado en la agencia de la ONU para los refugiados, aunque las autoridades indias estiman que hay cuarenta mil rohingya en todo el país. El gobierno nacionalista hindú considera que los rohingya son inmigrantes ilegales y ha trabajado para repatriarlos. Desde finales de 2018, según los informes, India ha enviado a docenas de refugiados a Myanmar, medidas criticadas por Naciones Unidas y grupos de derechos humanos.

Tailandia: El país es un centro para el tráfico de personas a nivel regional y sirve como un punto de tránsito común para los rohingya. Los migrantes a menudo llegan en barco desde Bangladesh o Myanmar antes de continuar a Indonesia o Malasia. El gobierno tailandés liderado por los militares tomó medidas enérgicas contra los anillos de contrabando después del descubrimiento de fosas comunes en presuntos campamentos donde las pandillas tenían rehenes. Pero algunos expertos dicen que si bien castigar a los traficantes interrumpe las redes, no los desmantela.

Indonesia: Los rohingya también han buscado refugio en Indonesia, aunque el número de refugiados de Myanmar sigue siendo relativamente pequeño porque son tratados como inmigrantes ilegales. Indonesia rescató botes de migrantes de sus costas y envió ayuda humanitaria y suministros a los campamentos de Bangladesh.

¿Ha cambiado el liderazgo civil las políticas del gobierno de Myanmar?

En 2016, el primer gobierno democráticamente elegido de Myanmar llegó al poder, pero los críticos dicen que no ha hecho nada para ayudar a Rohingya y otros musulmanes por temor a alienar a los nacionalistas budistas y amenazar el acuerdo de poder compartido que el gobierno civil mantiene con el ejército.

Aung San Suu Kyi, líder de facto de Myanmar, ha negado que se esté realizando una limpieza étnica y desestimó las críticas internacionales sobre su manejo de la crisis, acusando a los críticos de alimentar el resentimiento entre budistas y musulmanes en el país. En septiembre de 2017, Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, dijo que su gobierno “ya había comenzado a defender a todas las personas en Rakhine de la mejor manera posible”. Más tarde ese año, el gobierno de Myanmar negó el acceso al relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar y suspendió la cooperación por el resto de su mandato. En la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2019, Suu Kyi continuó rechazando los cargos de genocidio y dijo que “si los miembros de los servicios de defensa de Myanmar han cometido crímenes de guerra, serán procesados ​​a través de nuestro sistema de justicia militar”.

El panel de investigación de la ONU informó en septiembre de 2019 que la situación en Myanmar no ha mejorado y que el riesgo de genocidio continúa para los seiscientos mil rohingyas que aún se encuentran en Rakhine. El panel había recomendado un año antes que los líderes del ejército de Myanmar fueran remitidos a la Corte Penal Internacional (CPI) para ser procesados ​​por genocidio.

¿Cómo está respondiendo la región?

Los manifestantes a veces se han reunido en ciudades de Pakistán, India, Tailandia, Indonesia y Bangladesh para denunciar el asesinato y la persecución de los rohingya. El ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh condenó la violencia en Rakhine como “genocidio” en septiembre de 2017, e Indonesia y Malasia pidieron a las autoridades de Myanmar que detuvieran su campaña y pusieran fin a la violencia.

Las autoridades de Bangladesh y Myanmar han mantenido conversaciones para repatriar a los refugiados rohingya, pero los esfuerzos hasta ahora han fracasado. A fines de 2019, los países acordaron repatriar a varios miles de refugiados, pero ninguno en el grupo designado estaba dispuesto a regresar a Myanmar. Los líderes de la comunidad rohingya dijeron que no regresarán hasta que se garanticen sus derechos de ciudadanía. Mientras tanto, Naciones Unidas criticó los planes de repatriación y dijeron que las condiciones en Myanmar aún no son seguras para los rohingya. “Tan sombría como es la situación para los refugiados rohingya en Bangladesh. . . sus perspectivas en Myanmar son aún peores”, escribe Joshua Kurlantzick de CFR. Los expertos dicen que el gobierno de Bangladesh debe decidir si continúa su lucha para proporcionar refugio a tantos migrantes o para expulsarlos y provocar la ira de los gobiernos occidentales y las organizaciones de ayuda.

Otros gobiernos en el sudeste asiático generalmente carecen de marcos legales establecidos para proteger los derechos de los refugiados, y los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no han coordinado una respuesta a la crisis cada vez más profunda. Indonesia, Malasia, Myanmar y Tailandia, todos miembros de la ASEAN, aún no han ratificado la convención de refugiados de la ONU o su protocolo. La propia ASEAN ha guardado silencio sobre la difícil situación de los rohingya y sobre el creciente número de solicitantes de asilo en los países miembros, en gran parte debido al compromiso de sus miembros con el principio de no interferencia en los asuntos internos de los demás. “No van a tomar medidas colectivas en Myanmar, con Myanmar como uno de sus miembros”, dice Kurlantzick.

¿Cómo ha respondido el resto del mundo?

En noviembre de 2019, Gambia, en nombre de la Organización de Cooperación Islámica de cincuenta y siete naciones, presentó la primera demanda internacional contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia, acusando al país de violar la Convención de Genocidio de la ONU. El tribunal dictaminó por unanimidad en enero de 2020 que Myanmar debe tomar medidas de emergencia para proteger a los rohingya de la violencia y preservar la evidencia de un posible genocidio. Una decisión final en el caso podría llevar años. Por separado, la CPI autorizó una investigación sobre presuntas atrocidades en noviembre de 2019.

La misión de investigación de la ONU recomendó que el Consejo de Seguridad imponga un embargo de armas y otras sanciones a Myanmar y altos funcionarios militares. Pero algunos miembros del Consejo de Seguridad, incluidos Rusia y China, se han resistido a aumentar la presión sobre el gobierno de Myanmar porque dicen que está tratando de restaurar la estabilidad. Además, un informe encargado por el Secretario General Guterres documentó “falla sistémica” [PDF] por agencias de la ONU en 2010-2018 para frenar la violencia en Myanmar.

En diciembre de 2016, el presidente de EE.UU., Barack Obama, levantó las sanciones contra Myanmar y dijo que había avanzado en la mejora de los derechos humanos. La medida se produjo en medio de una ofensiva contra los rohingya y fue criticada por algunos como prematura. Un año después, bajo el presidente Donald J. Trump, se impusieron nuevas sanciones a un general de Myanmar por su presunto papel en los ataques militares en Rakhine. La administración Trump continuó ampliando su régimen de sanciones contra los comandantes militares de Myanmar en 2018 y 2019, a medida que crecieron las atrocidades cometidas por los militares. Australia, Canadá y la Unión Europea también han impuesto sanciones a los líderes militares.

Mientras tanto, muchos países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Noruega y Corea del Sur, así como donantes internacionales, han aumentado su asistencia humanitaria. Grupos de defensa como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Proyecto Arakan y Fortify Rights continúan apelando por la presión internacional sobre el gobierno de Myanmar. Por ejemplo, en noviembre de 2018, Amnistía Internacional despojó a Suu Kyi del Premio Embajador de Conciencia que le había conferido durante su arresto domiciliario de quince años.

Aún así, el resentimiento hacia el grupo minoritario ha sido profundo durante generaciones. Sin revisar “una cultura de prejuicio generalizado” y garantizar que los rohingya sean tratados como seres humanos, es poco probable que la situación en el estado de Rakhine mejore, dice el periodista y escritor Francis Wade.

Trad. y redacc. Luis F. Rojas. Andrew Chatzky contribuyó a este informe.

No me cojas pa’ eso, tú

Posted on Actualizado enn

Un hombre vende ejemplares de la Reforma Constittucional en Cuba. TOMADO DE LA PRENSA CUBANA.
Un hombre vende ejemplares de la Reforma Constittucional en Cuba. TOMADO DE LA PRENSA CUBANA.

#YoNoVoto_#YoVotoNo__Miami, 13 de enero de 2019. En algo más de un mes el régimen cubano se habrá bajado las mangas de la camisa, ajustado los pantalones y dado algunos retoques a su hasta entonces maltrecha figura de sesenta cansados años. La nueva Reforma Constitucional aprobada va a contar con un número importante de asistentes a las urnas -sea cual fuere la acción en las boletas- y eso es lo que cuenta… para ellos, no para nosotros “el pueblo”.

La polémica generada entre proyectos opositores y activistas de dentro y fuera de la isla sobre asistir o no a los colegios electorales, no hace más que abrir una brecha entre quienes desconocen olímpicamente el ninguneo de una dictadura hacia sus congéneres con el hacha en la mano y quienes han plantado cara al megafraude en camino.

Cuando en junio pasado anunciaron que una comisión desconocida laboró por cinco años en el texto, la suerte estaba echada. No he leído un solo cuestionamiento de muchos de los que hoy afirman que el #YoVotoNo “será un golpe al régimen”, cuando la maquinaria eligió no elegir intelectuales, juristas y otras figuras para la elaboración del texto dizque reformista. A los que fuera de Cuba aseguran que votarán no, también les lanzó una trompetilla: si el gobierno cubano los animó a expresar sus propuestas ‘online’ ¿por qué no contó con ellos hace cinco años para incluirlos en tal programa de redacción?

Lo que quiere el régimen es asistencia, no el #YoVotoSí que hasta el propio mandatario puesto de dedo enarbola en sus ridículos mensajes en Twitter.

¿A nadie de los que aseguran #YoVotoNo parece escandalizarles que un general en retiro -Raúl Castro-, con acusaciones de genocidio incluso -Recuerden los fusilamientos de Loma de San Juan en Santiago de Cuba- presida la comisión organizadora, de revisión y consulta de la cacareada reforma Constitucional?

Les debo el detalle, el título de este post. Lo presencié en Guantánamo en 2010. Un policía nos pidió el carné de identidad a un opositor y a mí, se los echó en el bolsillo y fue a sentarse en su patrulla por más de media hora. Cuando regresó, luego de supuestamente haber consultado los archivos de la Seguridad del Estado, nos permitió seguir, pero ya nos habíamos perdido el 1er inning de un choque de béisbol entre el equipo local y el ya sin brillo Industriales de la capital cubana, a lo que mi ambia le soltó:

– No me cojas pa’ eso, tú- mientras nos encaramábamos en una motocicleta para atravesar el Reparto San Justo buscando la algarabía del estadio de pelota.

Aumentan condena a preso político de UNPACU

Posted on Actualizado enn

En una cuarta condena por motivos políticos el tribunal municipal de Quivicán, provincia de Mayabeque, sancionó a 4 años más de cárcel al preso político Noslén Ayala García, según dijo en una llamada telefónica a la Unión Patriótica de Cuba.
Ayala, preso desde 2016, recibió condenas de 2 años, por desacato, 8 meses, por resistencia, 3 años por atentado y resistencia y ahora esta última por desacato a la autoridad.

PINCHA ESTE ENLACE

Cuando ‘se mueren’ tus colegas

Posted on

Leobardo Vázquez, periodista mexicano asesinado el miércoles 21 de marzo de 2018 en Veracruz.
Leobardo Vázquez, periodista mexicano asesinado el miércoles 21 de marzo de 2018 en Veracruz.

Siguen muriendo periodistas en México. Esta vez ha puesto el cuerpo ante las balas el reportero Leobardo Vázquez, a quien acribillaron el miércoles 21 de marzo en su casa, a las 8:00 de la noche, en el estado de Veracruz.

Aparentemente tenía amenazas de un notario público, informó la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza.

Vázquez era un periodista que había trabajado para los medios locales La opinión de Poza Rica y Vanguardia, ha sido asesinado este miércoles en su domicilio de Gutiérrez Zamora, al norte del Estado de Veracruz (este de México).

El informador, de 42 años, había decidido fundar recientemente su propio medio de comunicación, Enlace de Gutiérrez Zamora, dijo hoy el diario El País, de España.

México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo y el segundo del mundo, solo detrás de Siria, según un informe reciente de Reporteros Sin Fronteras. En 2017, se registraron 507 agresiones contra informadores y 12 asesinatos en el país norteamericano.

Según publica Artículo 19, el 99,6% de los crímenes contra periodistas en México permanecen impunes y además señala que en el 48% de las agresiones han participado funcionarios de los tres niveles de gobierno. Durante el sexenio de Felipe Calderón 48 reporteros fueron asesinados y 15 fueron desaparecidos. Mientras que en los poco más de cinco años de Peña Nieto en el poder suman 41 los homicidios de informadores y son cuatro las desapariciones.