libertad de expresión

No me cojas pa’ eso, tú

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Un hombre vende ejemplares de la Reforma Constittucional en Cuba. TOMADO DE LA PRENSA CUBANA.
Un hombre vende ejemplares de la Reforma Constittucional en Cuba. TOMADO DE LA PRENSA CUBANA.

#YoNoVoto_#YoVotoNo__Miami, 13 de enero de 2019. En algo más de un mes el régimen cubano se habrá bajado las mangas de la camisa, ajustado los pantalones y dado algunos retoques a su hasta entonces maltrecha figura de sesenta cansados años. La nueva Reforma Constitucional aprobada va a contar con un número importante de asistentes a las urnas -sea cual fuere la acción en las boletas- y eso es lo que cuenta… para ellos, no para nosotros “el pueblo”.

La polémica generada entre proyectos opositores y activistas de dentro y fuera de la isla sobre asistir o no a los colegios electorales, no hace más que abrir una brecha entre quienes desconocen olímpicamente el ninguneo de una dictadura hacia sus congéneres con el hacha en la mano y quienes han plantado cara al megafraude en camino.

Cuando en junio pasado anunciaron que una comisión desconocida laboró por cinco años en el texto, la suerte estaba echada. No he leído un solo cuestionamiento de muchos de los que hoy afirman que el #YoVotoNo “será un golpe al régimen”, cuando la maquinaria eligió no elegir intelectuales, juristas y otras figuras para la elaboración del texto dizque reformista. A los que fuera de Cuba aseguran que votarán no, también les lanzó una trompetilla: si el gobierno cubano los animó a expresar sus propuestas ‘online’ ¿por qué no contó con ellos hace cinco años para incluirlos en tal programa de redacción?

Lo que quiere el régimen es asistencia, no el #YoVotoSí que hasta el propio mandatario puesto de dedo enarbola en sus ridículos mensajes en Twitter.

¿A nadie de los que aseguran #YoVotoNo parece escandalizarles que un general en retiro -Raúl Castro-, con acusaciones de genocidio incluso -Recuerden los fusilamientos de Loma de San Juan en Santiago de Cuba- presida la comisión organizadora, de revisión y consulta de la cacareada reforma Constitucional?

Les debo el detalle, el título de este post. Lo presencié en Guantánamo en 2010. Un policía nos pidió el carné de identidad a un opositor y a mí, se los echó en el bolsillo y fue a sentarse en su patrulla por más de media hora. Cuando regresó, luego de supuestamente haber consultado los archivos de la Seguridad del Estado, nos permitió seguir, pero ya nos habíamos perdido el 1er inning de un choque de béisbol entre el equipo local y el ya sin brillo Industriales de la capital cubana, a lo que mi ambia le soltó:

– No me cojas pa’ eso, tú- mientras nos encaramábamos en una motocicleta para atravesar el Reparto San Justo buscando la algarabía del estadio de pelota.

Aumentan condena a preso político de UNPACU

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En una cuarta condena por motivos políticos el tribunal municipal de Quivicán, provincia de Mayabeque, sancionó a 4 años más de cárcel al preso político Noslén Ayala García, según dijo en una llamada telefónica a la Unión Patriótica de Cuba.
Ayala, preso desde 2016, recibió condenas de 2 años, por desacato, 8 meses, por resistencia, 3 años por atentado y resistencia y ahora esta última por desacato a la autoridad.

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CIDH pide al Maduro cese hostigamiento a medios de prensa

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Diario El Nacional, Venezuela. Screen shot.
Diario El Nacional, Venezuela. Screen shot.

“Profunda preocupación”. Esto es lo que ha despertado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda judicial que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, interpuso contra los diarios El Nacional Tal Cual; y el portal LaPatilla.com; y por ello instó a las autoridades nacionales a “cesar estos actos de hostigamiento que profundizan el deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país y ponen en riesgo a los medios de comunicación y periodistas críticos en Venezuela” en particular en un año electoral.

La admisión de la querella que Cabello interpuso contra los medios y las resoluciones judiciales que en el marco de ella han tomado varios jueces, como la que prohibió la salida del país a 22 directivos de las empresas demandadas o la que la semana pasada impuso un embargo sobre la sede de El Nacional, preocupan a la CIDH, organismo que no pasó por alto el espaldarazo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le dio al legislador en mayo pasado y en el cual calificó de “carente de basamento” las acusaciones de que éste estaba vinculado con el narcotráfico, tal y como han difundido medios españoles y estadounidenses en informaciones que fueron replicadas en el país por los diarios demandados.

“La presente situación se encuentra agravada por un pronunciamiento público emitido por el TSJ, máxima autoridad judicial en Venezuela, sobre los hechos que sustentan la querella en contra de los medios de comunicación mencionados y que estaría a consideración de un tribunal de inferior rango. En su página web el Tribunal expresó su solidaridad con el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y sin el debido proceso y sin que haya existido una audiencia ante el tribunal a cargo del caso, adelantó opinión en cuanto a que la divulgación de esa información “al carecer de veracidad acarrean las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional“, apuntó la Comisión.

El organismo, en el escrito que también firma el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, exigieron de las autoridades poner fin a los ataques tanto verbales como judiciales contra los medios para así garantizar que los comicios legislativos previstos para el 6 de diciembre sean transparentes.

“La Comisión y la Relatoría Especial consideran que en el marco de un año electoral, frente a la reducción del pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente que cese el hostigamiento verbal y judicial que restringen el libre flujo de ideas y opiniones. En este contexto, el conjunto de actos estatales dirigidos a cercar a los medios de comunicación con una línea informativa independiente o crítica con el Gobierno resultan de especial preocupación para la Comisión y, a su vez, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información que se encuentra disposición del público en Venezuela de cara a las elecciones que se realizarán en diciembre de 2015”.

Fuente: El Universal.