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Venezuela un año después: el desgobierno de dos presidentes y tres parlamentos

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Manifestación en Caracas, Venezuela. Foto tomada de Human Rights Wacht.

Cruzarlasalambradas continúa con textos críticos conetemporáneos… sin fronteras temáticas o culturales.

Por Susanne Gratius, investigadora sénior asociada, CIDOB

Un año después de la autoproclamación de Juan Guaidó como legítimo Presidente del país y con la vista puesta en las elecciones previstas para finales de 2020, el legislativo venezolano se ha convertido literalmente en el campo de batalla entre oposición y oficialismo. Mientras sigue el choque político, crece el desastre socio-económico. ¿Cómo terminará esta lucha por el poder en Venezuela y qué puede hacer la comunidad internacional?

Si la situación no fuera tan trágica y real, la telenovela política venezolana superaría la ficción. El último capítulo fue el golpe parlamentario del 5 de enero, cuando el madurismo nombró sin ningún tipo de legitimidad su propio Presidente de la Asamblea Nacional, ocupada por los suyos. En un acto paralelo fuera de la sede del parlamento, la mayoría de diputados opositores reeligió a Juan Guaidó para la presidencia de la cámara. Desde entonces, Venezuela es el único país del planeta con dos presidentes y tres parlamentos: una Asamblea Nacional que reeligió con una mayoría legítima de diputados a Guaidó, que desde hace un año dice ser también el legítimo Presidente del país, paradójicamente fusionando ambos poderes; una segunda Asamblea General minoritaria que apoya a Nicolás Maduro y que proclamó al diputado tránsfuga  Luis Parra, que militaba en el opositor Primero Justicia hasta que fue comprado por el madurismo para proclamarlo su presidente parlamentario; y la Asamblea Nacional Constituyente, creada en 2017 por el oficialismo y presidida por Diosdado Cabello, que ahora carece de sentido. Ninguno de los tres parlamentos cumple tareas legislativas en un país sumergido en el más absoluto caos institucional, político, social y económico. Tampoco funcionan los dos ejecutivos centrados exclusivamente en su lucha por el poder, que no deja tiempo para afrontar los inmensos problemas del país. Ni siquiera con dos “parlamentos”, el poder militar y los recursos que quedan, el Gobierno de Nicolás Maduro es capaz de imponerse ante una oposición carente de poder, pero que resiste y ha ganado en legitimidad tras el último acto de autoritarismo del régimen.

El golpe parlamentario del madurismo señala su incapacidad y debilidad a la hora de reprimir a la oposición. A pesar de elegir ilegítimamente el Presidente de la Asamblea Nacional, sin el necesario quórum de la mayoría absoluta, Maduro no pudo impedir que los diputados opositores que habían ganado las elecciones en diciembre de 2015 entraran días después en el parlamento enfrentándose a las fuerzas de seguridad para repetir el acto de reelección de Juan Guaidó en la cámara. El empate entre el poder militar del oficialismo y el poder democrático de Juan Guaidó no sólo paraliza sino deteriora la dramática situación del país. El golpe institucional del 5 de enero de 2020, y nuevamente el 15 de enero cuando secuaces de Maduro impidieron a los opositores entrar en la Asamblea Nacional, no es una excepción en América Latina. En Perú, esta práctica se inició en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori y se reprodujo en 2019 con el cierre temporal del Parlamento peruano. También en los meses pasados hemos visto el golpe de Estado en Bolivia. Tanto la forma como el resultado del golpe parlamentario en Venezuela reflejan la profunda crisis moral y de valores en un país donde los recursos sirven para comprar aliados políticos y enriquecerse a costa de la mayoría de la población que tiene un nivel de vida similar al de Haití. Tras veinte años de chavismo, casi siete de ellos sin el líder de una “Revolución Bolivariana” que destruyó el país, se ha gastado la opción de alzar la voz y cada vez más ciudadanos eligen la opción “salida” que, según Albert Hirschmann, son las dos posibilidades de actuación ante el autoritarismo. Se estiman que hasta cinco millones de ciudadanos se fueron de Venezuela.  ¿Qué cambia después del golpe parlamentario? Si el madurismo quería debilitar a la oposición consiguió lo contrario: Juan Guaidó salió fortalecido, a pesar del desgaste político que ha supuesto este año sin poder iniciar la prometida transición democrática y las acusaciones de corrupción contra algunos de sus leales. Guaidó ostentará la presidencia de la Asamblea un año más, siempre y cuando las elecciones legislativas se celebren a finales de 2020. La destrucción de las instituciones democráticas, la participación de los militares en el juego político y el posicionamiento a favor de uno u otro lado por parte de la comunidad internacional han conducido a una tragedia nacional. El madurismo ha dejado clara su prioridad: mantenerse en el poder por la vía dictatorial, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas que configuran, desde hace tiempo, el régimen. Fue ingenuo pensar que el estamento militar podría fragmentarse porque frente a las prebendas del poder tienen pocos o ningún incentivo para hacerlo. Y sin los militares no hay salida a la parálisis política: Nicolás Maduro tiene el poder, pero no la capacidad de gobernar, y Juan Guaidó tiene la legitimidad, pero no los recursos para imponerse.

 

El golpe parlamentario confirma la consolidación de una dictadura imperfecta o caótica que, gracias al co-gobierno con los militares, sigue al mando pero no consigue derrotar a una oposición que tras la última jugada sucia del oficialismo ganó apoyos. Incluso los gobiernos de izquierdas en Argentina y México criticaron la usurpación ilegítima del parlamento. México, que ostenta la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), intenta construir consensos entre los gobiernos de izquierda y derecha, cuyas posturas opuestas en la crisis venezolana debilitaron el foro. Al régimen de Maduro le quedan cada vez menos amigos y los que le reconocen no tienen legitimidad democrática: China, Cuba, Nicaragua y Rusia. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? La batalla por la Asamblea Nacional rompió el frágil puente que había construido Noruega como mediador entre ambos bloques con el apoyo del Grupo Internacional de Contacto (GIC) de la UE para encontrar una salida pacífica y negociada. A inicios de enero de 2020, la oposición rechazó una nueva oferta de Noruega de retomar la mesa de diálogo con el régimen de Maduro y anunció nuevas movilizaciones en la calle. Estados Unidos, el Grupo de Lima, 20 países de la OEA y la Unión Europea condenaron el golpe parlamentario y siguen apoyando a Juan Guaidó felicitándole por su reelección. Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, y el Parlamento Europeo le recibieron en enero de 2020 en Bruselas reafirmando su posición en la crisis. Días antes ya se había reunido con el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, después de que Washington ampliara la larga lista de sanciones incluyendo a otras siete personas del régimen, entre ellos a Luis Parra. Ninguna de estas medidas resolverá la crisis. Movilizar la calle debilitará aún más las instituciones. Las sanciones de EE.UU. y de la UE sólo sirven para que el régimen se atrinchere en el poder y haga uso del discurso de victimismo. En vez de construir agendas separadas, una acción multilateral concertada entre el Grupo de Lima, Noruega, la OEA, la UE y el Vaticano a favor de negociar una transición democrática podría ser eficaz para salir del laberinto político venezolano. Paralelamente deberían establecer canales de comunicación con el bloque que aún apoya a Maduro: Cuba, China y Rusia. La comunidad internacional no puede pasar página, porque sin ayuda del exterior no hay solución, y cuanto más tiempo pase, más desgobierno habrá en Venezuela.

*Este texto fue publicado originalmenten del Barcelona Center for International Affairs.

CIDH pide al Maduro cese hostigamiento a medios de prensa

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Diario El Nacional, Venezuela. Screen shot.
Diario El Nacional, Venezuela. Screen shot.

“Profunda preocupación”. Esto es lo que ha despertado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la demanda judicial que el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, interpuso contra los diarios El Nacional Tal Cual; y el portal LaPatilla.com; y por ello instó a las autoridades nacionales a “cesar estos actos de hostigamiento que profundizan el deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país y ponen en riesgo a los medios de comunicación y periodistas críticos en Venezuela” en particular en un año electoral.

La admisión de la querella que Cabello interpuso contra los medios y las resoluciones judiciales que en el marco de ella han tomado varios jueces, como la que prohibió la salida del país a 22 directivos de las empresas demandadas o la que la semana pasada impuso un embargo sobre la sede de El Nacional, preocupan a la CIDH, organismo que no pasó por alto el espaldarazo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le dio al legislador en mayo pasado y en el cual calificó de “carente de basamento” las acusaciones de que éste estaba vinculado con el narcotráfico, tal y como han difundido medios españoles y estadounidenses en informaciones que fueron replicadas en el país por los diarios demandados.

“La presente situación se encuentra agravada por un pronunciamiento público emitido por el TSJ, máxima autoridad judicial en Venezuela, sobre los hechos que sustentan la querella en contra de los medios de comunicación mencionados y que estaría a consideración de un tribunal de inferior rango. En su página web el Tribunal expresó su solidaridad con el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y sin el debido proceso y sin que haya existido una audiencia ante el tribunal a cargo del caso, adelantó opinión en cuanto a que la divulgación de esa información “al carecer de veracidad acarrean las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional“, apuntó la Comisión.

El organismo, en el escrito que también firma el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, exigieron de las autoridades poner fin a los ataques tanto verbales como judiciales contra los medios para así garantizar que los comicios legislativos previstos para el 6 de diciembre sean transparentes.

“La Comisión y la Relatoría Especial consideran que en el marco de un año electoral, frente a la reducción del pluralismo informativo y la disminución de medios de comunicación independientes, resulta urgente que cese el hostigamiento verbal y judicial que restringen el libre flujo de ideas y opiniones. En este contexto, el conjunto de actos estatales dirigidos a cercar a los medios de comunicación con una línea informativa independiente o crítica con el Gobierno resultan de especial preocupación para la Comisión y, a su vez, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información que se encuentra disposición del público en Venezuela de cara a las elecciones que se realizarán en diciembre de 2015”.

Fuente: El Universal.